La Gestión Ambiental Participativa en Colombia adquiere importancia a partir de la
Constitución Política de 1991 donde se responsabiliza al estado y a las personas
de proteger las riquezas culturales y naturales del país, establecer la
responsabilidad del estado en el saneamiento ambiental, al derecho de todas las
personas a gozar de un ambiente sano, protegiendo la diversidad e integridad del
ambiente y facilitando la participación de las comunidades en las decisiones que
puedan afectarla (Constitución Nacional de Colombia, 1991).
La Gestión ambiental participativa hace referencia a la gestión que es programada
de tal forma que logre una efectiva participación de todos los actores sociales
involucrados en un proyecto desde el diseño, hasta la ejecución y evaluación del
mismo para lograr mejores resultados. Incluye la participación de la ciudadanía en
general (y en particular de aquellos que viven en el área de implementación de la
acción o proyecto), las organizaciones no gubernamentales, las empresas y las
instituciones gubernamentales (a nivel nacional, provincial, municipal).
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