El 70% de las calderas que operan en Colombia se concentran en zonas
residenciales, comerciales e industriales densamente pobladas, las cuales
congregan un número importante de ciudadanos que están expuestos a múltiples
riesgos, que pueden dar lugar a incendios, explosiones, lesiones personales,
muertes, graves deterioros a bienes materiales y al ambiente. Estos riesgos, de no
ser controlados o eliminados pueden generar, además de pérdidas de vidas
humanas, costos demasiado altos que comprometen seriamente el presupuesto
de la industria nacional en este sector [1].
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